Veinte años después, Colombia vive mejor pero no produce mejor: el balance del Informe Nacional de Competitividad 2026-2027
Colombia cumplió veinte años de avances que cambiaron la vida de sus habitantes, pero no logró que su economía produjera mejor. Entre 2005 y 2025, la productividad total de los factores restó en promedio 0,2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB, y en 2024 un trabajador colombiano generó USD 18,7 por hora trabajada, la cifra más baja entre los 38 países de la OCDE. Ese es el diagnóstico central del Informe Nacional de Competitividad (INC) 2026-2027, presentado el 30 de septiembre de 2026.
En el mismo periodo, la cobertura en salud pasó de 86,6 % a más de 98 %, el uso de internet saltó de 15 % a 79 % de la población y el PIB por habitante creció 2,47 veces. El país creció porque sumó más trabajadores y más capital, no porque los usara mejor. Y esa fórmula se está agotando: la transición demográfica reducirá el aporte del trabajo al crecimiento, de modo que en los próximos años la inversión y la productividad tendrán que hacer lo que antes hacía el crecimiento de la fuerza laboral.
Esta edición tiene además un significado especial para quien la publica. Después de veinte años, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) cambió su nombre a Colombia Compite. Creado en 2006 como una organización privada sin ánimo de lucro, el CPC se convirtió en una de las voces técnicas de referencia sobre productividad en el país. Reúne a medio centenar de empresas y gremios como miembros de número, trabaja por consolidar el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y produce algunos de los instrumentos más usados para medir el desempeño del país y sus territorios: el propio INC, el Índice Departamental de Competitividad, el Índice de Competitividad de Ciudades y la Medición Subregional de Brechas de Género. Según la organización, el nuevo nombre busca que el país mire más allá de sus fronteras y crea en su capacidad de ofrecer más bienes y servicios al mundo.
El cambio de nombre llega con una autocrítica poco habitual en un informe de este tipo. La propia organización reconoce que sus esfuerzos, como los del país, han sido "loables pero insuficientes", y dedica una separata a preguntarse por qué el conocimiento técnico ha perdido capacidad de influir en las decisiones públicas. En este especial hacemos el balance completo del informe: qué logró Colombia en dos décadas, por qué la productividad sigue siendo la gran deuda, qué la explica según la evidencia que presenta el INC, qué propone para 2026-2030 y qué no se puede concluir a partir de sus datos.
¿Qué cambió en Colombia en veinte años?
Los indicadores de bienestar muestran un país que hoy vive mejor que en 2006 en casi todas las dimensiones básicas. El INC compara ocho indicadores de desarrollo entre el momento en que nació el CPC y el último dato disponible. Todos mejoraron, algunos de forma notable.
Dimensión | Indicador | Hace 20 años | Hoy | Cambio |
Desarrollo social | Cobertura en salud | 86,6 % | Más de 98 % | Cobertura prácticamente universal |
Desarrollo social | Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 18,2 | 10,5 | Reducción cercana a 42 % |
Desarrollo social | Esperanza de vida | 74 años | 78 años | +4 años |
Capital humano | Escolaridad promedio (mayores de 25 años) | 6,9 años | 9,3 años | +2,4 años |
Servicios | Cobertura efectiva de gas por red y licuado | 69 % | 84 % | +15 puntos |
Servicios | Personas que usan internet | 15 % | 79 % | Expansión masiva |
Economía | PIB por habitante | USD 3.494 | USD 8.623 | 2,47 veces |
Seguridad | Homicidios (por 100.000 habitantes) | 40,5 | 26,5 | Reducción cercana a 35 % |
Colombia en 20 años: evolución de indicadores seleccionados. Los datos corresponden al último año disponible para cada indicador. Fuente: INC 2026-2027 con base en Minsalud, Banco Mundial, DANE, Minenergía y Mindefensa.
La tabla resume una transformación real: la salud llegó a casi toda la población, los colombianos estudian dos años y medio más que hace dos décadas y la conexión a internet pasó de ser un privilegio a ser la norma. Sin embargo, el propio informe muestra que varios de estos avances han sido frágiles. La tasa de homicidios llegó a 24 por cada 100.000 habitantes en 2020, el nivel más bajo desde 1975, pero volvió a subir. Las muertes por conflicto interno casi se duplicaron entre 2023 y 2024, y Colombia aparece por quinto año consecutivo como el país menos pacífico de la región en el Índice Global de Paz (puesto 140 de 163).
¿Qué hizo posible esos avances?
El INC atribuye los avances a tres palancas: instituciones sólidas, un Estado con capacidades técnicas y la asociación entre el sector público y el privado. No se trata de una medición causal, sino de la lectura que hace la organización de los casos que considera exitosos.
La primera palanca son las instituciones y los contrapesos. El informe destaca el papel de la Corte Constitucional, el control del Congreso sobre el Ejecutivo y la autonomía de los organismos independientes como factores que reducen la incertidumbre para invertir. La segunda es el fortalecimiento técnico del Estado, cuyo ejemplo más claro es el Banco de la República: su independencia desde 1991 y el esquema de inflación objetivo adoptado en 2000 ayudaron a que el país pasara de inflaciones promedio cercanas al 21 % a niveles cercanos al 5 %. El ingreso a la OCDE y la institucionalidad del sector eléctrico (UPME, CREG, XM) son otros casos citados.
La tercera palanca es la colaboración público-privada. En salud, el modelo de aseguramiento con entidades privadas bajo regulación estatal acompañó el salto en cobertura. En infraestructura, las concesiones permitieron obras como el Túnel de Oriente, de 8,2 kilómetros y una inversión de COP 1,1 billones. En justicia, el Sistema Penal Oral Acusatorio de 2004 redujo los tiempos procesales de 890 a cerca de 120 días, y la acción de tutela se convirtió en la vía de acceso a la justicia de millones de personas: en 2025 se interpusieron 923.397 tutelas, la cifra más alta registrada.
Esta lectura tiene un matiz que el propio informe reconoce. El uso masivo de la tutela es a la vez un éxito y un síntoma: el derecho a la salud es el más invocado, y en 2025 se interpuso una tutela por fallas de acceso a la salud cada 2,08 minutos. Un Estado que funciona bien no necesita que sus ciudadanos acudan a un juez para hacer valer sus derechos.
¿Por qué la productividad es la gran deuda?
Colombia trabaja más, pero no produce más por cada hora de trabajo. La productividad laboral por hora trabajada fue de USD 18,7 en 2024, la más baja de la OCDE. El promedio de la organización es de USD 64,2, más de tres veces el valor colombiano, e Irlanda, el país con la cifra más alta, llega a USD 135,7, siete veces la de Colombia.
Productividad laboral por hora trabajada en Colombia, México, Costa Rica, Irlanda y el promedio de la OCDE, 2024 (USD por hora, PPA 2020). Fuente: OCDE (2026), citado en el INC 2026-2027.
La brecha no es nueva ni se está cerrando. Según los cálculos de The Conference Board citados en el capítulo de desarrollo empresarial, el índice de productividad total de los factores (PTF) de Colombia cayó de 100 en 1990 a 87,3 en 2025: el país combina hoy su trabajo y su capital con menos eficiencia que hace 35 años. En ese periodo, la caída fue mayor que la del promedio de América Latina, y la brecha con la OCDE se ha mantenido alrededor de 16 a 18 puntos durante los últimos 25 años. El salto de la productividad laboral en 2020 tampoco fue una mejora: la pandemia redujo las horas trabajadas en los sectores informales y de baja calificación, lo que elevó el indicador de forma artificial.
Lo que vuelve urgente el problema es la demografía. Con datos del DANE, el INC muestra que entre 2005 y 2025 la expansión de la fuerza laboral y la acumulación de capital sostuvieron casi todo el crecimiento, mientras la PTF restó en promedio 0,2 puntos porcentuales por año. Hacia 2040 el aporte del trabajo será considerablemente menor, porque la población en edad de trabajar crecerá cada vez menos. Esto significa que la fórmula que funcionó en las últimas dos décadas (crecer sumando trabajadores) no estará disponible en las próximas. Para sostener el crecimiento, el país tendrá que atraer más capital del que recibió en el pasado y usarlo mejor.
¿Por qué las empresas colombianas no logran ser más productivas?
La respuesta del INC está en la estructura empresarial: Colombia tiene pocas empresas grandes y modernas y una base masiva de microempresas que no crecen. De 1,8 millones de empresas formales activas en 2025, el 91,8 % son microempresas y solo el 0,4 % son grandes. Y la diferencia de productividad entre unas y otras es enorme.
Productividad relativa por tamaño de empresa en Colombia (gran empresa = 100). Fuente: OCDE, Naciones Unidas y Onudi (2019), citado en el INC 2026-2027.
Una microempresa produce apenas el 16 % de lo que produce una empresa grande; una pequeña, el 43 %, y una mediana, el 51 %. Como la gran mayoría de las empresas son pequeñas, el promedio del país queda anclado a los niveles más bajos. Las micro y pequeñas empresas son el 98 % del total y generan cerca del 40 % del empleo formal, pero su tamaño les impide acceder a financiamiento, incorporar tecnología, capacitar a su personal y competir en mercados exigentes.
El acceso al crédito ilustra bien ese círculo. En 2024, solo el 15,3 % de las microempresas constituidas como persona jurídica tenía algún producto de crédito, frente al 82,1 % de las grandes. La brecha, de 66,8 puntos, no se ha cerrado en los últimos cinco años: ambos grupos perdieron acceso desde 2019.
Personas jurídicas con acceso a productos de crédito en Colombia, microempresas frente a grandes empresas, 2019-2024 (%). Fuente: Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera (2025), citado en el INC 2026-2027.
El dato es más llamativo si se tiene en cuenta que la inclusión financiera de las personas sí avanzó: el acceso a productos financieros pasó de 55,5 % en 2008 a 96,4 % en 2024. El país resolvió el acceso a una cuenta, pero no el acceso al crédito productivo. El INC lo resume con un adagio: un barco en el puerto está seguro, pero para eso no se construyen los barcos.
La informalidad completa el cuadro. Cerca del 60 % de las unidades productivas operan por fuera de la formalidad, y en 2025 el 55,1 % de los ocupados eran informales. Ese promedio esconde una fractura territorial: en las 13 principales áreas metropolitanas la informalidad es de 40,6 %, mientras en los centros poblados y las zonas rurales dispersas llega a 83,2 %.
Tasa de informalidad laboral en Colombia: total nacional, 13 áreas metropolitanas y centros poblados y rural disperso, 2021-2025 (% de los ocupados). Fuente: DANE, GEIH; cálculos del CPC citados en el INC 2026-2027.
En cinco años, la informalidad nacional bajó menos de tres puntos (de 58,0 % a 55,1 %) y la rural apenas 2,4. El INC interpreta esta persistencia como la señal de un sistema laboral diseñado para trayectorias estables que la mayoría de los colombianos no tiene: las contribuciones y prestaciones pueden aumentar el costo laboral entre 40 % y 50 %, un salto que pesa más donde la productividad es baja. A esto se suma la protección a la vejez: solo uno de cada cuatro adultos mayores que debería recibir pensión la recibe.
El capital humano es el otro cuello de botella. En PISA 2022, el 71 % de los estudiantes colombianos no alcanzó el nivel mínimo en matemáticas y el 49 % no lo hizo en lectura, y cerca del 61 % de las empresas reporta dificultades para encontrar el talento que necesita. Para el INC, la gran deuda educativa no es de cobertura sino de trayectorias: el país no ha construido un sistema que conecte la formación con el empleo y la productividad. (Profundizamos en estas brechas en nuestro análisis sobre capital humano frente a la OCDE.)
¿Cómo frenan las reglas la inversión?
El INC identifica la estructura regulatoria como una barrera transversal para invertir y producir. El primer síntoma es el volumen de normas: en 2023 se emitieron 8.672 circulares, decretos, leyes y resoluciones, casi 24 cada día. Es la cifra más alta de una serie que empieza en 2000 y más del doble del mínimo registrado en 2003.
Normas emitidas por año en Colombia (circulares, decretos, leyes y resoluciones), 2000-2023. Fuente: DNP, Observatorio de Mejora Normativa (2026), citado en el INC 2026-2027.
El informe reconoce que el país adoptó herramientas de mejora regulatoria (consulta pública en el Sucop, análisis de impacto normativo, el CONPES 3816 de 2014), pero concluye que existen sobre todo en el papel. Según el INC, el Estado sigue interviniendo con controles previos (licencias, permisos, conceptos y certificaciones) que tratan igual una actividad de bajo riesgo que una de alto riesgo, en lugar de supervisar según el riesgo real, como hacen el Reino Unido o los Países Bajos.
El licenciamiento ambiental es el ejemplo más citado. Con datos del Monitor del Licenciamiento Ambiental de la consultora Consga, que analizó 315 trámites en la ANLA entre 2022 y junio de 2026, un trámite tardó en promedio 294 días en finalizar, más 113 días adicionales en suspensión. La tendencia empeora: entre 2022 y 2025 los trámites finalizados cayeron de 96 a 59 y el tiempo promedio de resolución subió de 257 a 271 días.
Días promedio acumulados hasta la decisión de licencias ambientales de la ANLA por sector, 2022 a junio de 2026. Fuente: Consga, Monitor del Licenciamiento Ambiental (2026), citado en el INC 2026-2027.
El patrón se repite en otros frentes. Según el comunicado de prensa del informe, con datos del propio Invima, a mayo de 2026 la entidad tenía 12.466 trámites pendientes, 3.288 de ellos radicados antes de 2024. En energía, el INC describe proyectos estratégicos detenidos por la falta de coordinación entre entidades: la línea Colectora I, necesaria para evacuar 1.050 MW de energía eólica en La Guajira, ha tramitado más de 250 procesos de consulta previa; el proyecto de gas costa afuera Sirius-2 enfrenta 122 consultas previas, mientras las reservas de gas alcanzan para apenas 5,9 años de autosuficiencia, y la línea Chivor II, clave para la transmisión hacia Bogotá, acumula 11 años de retraso.
El Estado también construyó herramientas digitales que la ciudadanía casi no usa. Colombia obtiene 0,78 sobre 1 en el índice de gobierno digital de Naciones Unidas, por encima del promedio latinoamericano, pero solo el 9,7 % de las personas usó internet en 2024 para interactuar con autoridades públicas, frente a 46,3 % en Brasil y 66,2 % en el promedio de la OCDE.
Personas que usaron internet para interactuar con autoridades públicas en Colombia, Brasil y el promedio de la OCDE, 2024 (%). Fuente: OCDE, Going Digital Toolkit (2026), citado en el INC 2026-2027.
La lectura de fondo del INC es que existe una brecha entre la capacidad formal del Estado y su efectividad real: el país tiene plataformas, normas e instituciones modernas, pero no se traducen en menos costos ni en una relación más sencilla con ciudadanos y empresas.
¿Qué tan conectada está Colombia con el mundo y con el conocimiento?
Colombia se abrió al comercio y firmó 17 tratados de libre comercio, pero sigue siendo una economía poco integrada al mundo. En 2024, el comercio exterior de bienes y servicios representó el 37,0 % del PIB, por encima de Brasil y Estados Unidos (economías grandes con mercados internos amplios) pero lejos del promedio de la OCDE (57,2 %) y de México y Costa Rica, que superan el 70 %.
Comercio exterior de bienes y servicios como porcentaje del PIB en Colombia y países de referencia, 2024. Fuente: Banco Mundial (2026), citado en el INC 2026-2027.
Las exportaciones de bienes se multiplicaron por siete en 35 años, pero las exportaciones por habitante (USD 942) siguen entre las más bajas de la región, el arancel promedio (7,1 %) más que triplica el de la OCDE (2,1 %) y la inserción en cadenas globales de valor es débil (15,1 % en el indicador de valor agregado doméstico en la demanda final extranjera que cita el informe). Como contraste, la inversión extranjera directa equivale al 3,3 % del PIB, por encima del promedio regional (2,8 %). (Exploramos las raíces de esta baja apertura en nuestro especial sobre la apertura que nunca llegó.)
La relación con el conocimiento sigue el mismo patrón de avances insuficientes. La inversión en investigación y desarrollo casi se duplicó desde 2006, pero sigue siendo una fracción de la que hacen los países de la OCDE.
Inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB en Colombia y el promedio de la OCDE, 2006 frente al último dato disponible. Fuente: INC 2026-2027 con base en OCDE y OCyT.
Mientras la OCDE pasó de 2,2 % a 2,7 % del PIB, Colombia pasó de 0,16 % a 0,29 % (0,3 % según cifras preliminares del OCyT). En el Índice Global de Innovación, el país se ha ubicado en promedio alrededor del puesto 65 en los últimos 15 años, y su tasa de eficiencia para convertir insumos en resultados promedió 0,5, frente a cerca de 0,9 en Alemania. Es coherente con lo que encontramos al analizar el Índice Global de Innovación 2026: el problema no es tanto convertir como tener poco que convertir.
En conectividad, el país dio un salto en suscripciones móviles de banda ancha (de 0,4 por cada 100 habitantes en 2008 a 93 en 2024), pero sigue entre los miembros de la OCDE con menor penetración: 17,2 suscripciones fijas por cada 100 habitantes, frente a 36,2 en el promedio de la organización, y solo el 34 % de los hogares tiene computador.
Balance capítulo por capítulo: avances, deudas y prioridades
Cada uno de los 13 capítulos del INC sigue la misma estructura: los avances de dos décadas, la gran deuda pendiente y las prioridades para el Gobierno 2026-2030. La tabla resume el diagnóstico de cada uno.
Capítulo | Avance destacado | Gran deuda | Una prioridad 2026-2030 |
Eficiencia del Estado | Mejora regulatoria, gobierno digital y compra pública con Secop | Pasar de controles previos a gestión de riesgos | Tramitar los proyectos normativos de Colombia Progresa 2630 |
Justicia y seguridad | Tutela, sistema penal acusatorio y menor violencia letal | Congestión judicial e inseguridad cotidiana | Tribunales de flagrancia y ley contra el crimen organizado |
Infraestructura y logística | Concesiones y planeación de largo plazo (PMTI 2021-2051) | Conectividad territorial, multimodalidad y costos logísticos | Revivir los Pines para ejecutar el PMTI |
Energía | Institucionalidad técnica y cargo por confiabilidad | Entidades que no coordinan y proyectos bloqueados | Licenciamiento proporcional al riesgo |
Economía digital | Obligaciones de hacer y Ley 1978 de 2019 | Baja penetración de banda ancha frente a la OCDE | Remover barreras de última milla |
Educación | Cobertura, sistemas de evaluación y De Cero a Siempre | Trayectorias educativas desconectadas del empleo | Modernizar la regulación educativa |
Protección social | Salud con cobertura de más de 98 % y transferencias | Solo 1 de cada 4 adultos mayores recibe pensión | Sanear las deudas del sector salud |
Mercado laboral | Sistema de información laboral y más participación femenina | Informalidad de 55,1 % (83,2 % en zonas rurales) | Cotización proporcional y reglas para plataformas |
Internacionalización | 17 TLC y exportaciones de bienes multiplicadas por siete | Comercio de 37 % del PIB frente a 57,2 % en la OCDE | Reducir costos aduaneros y de calidad |
Sistema tributario | Recaudo de 19,9 % del PIB y facturación electrónica | Base estrecha y cerca de 80 % de la renta pagada por empresas | Avanzar hacia la declaración universal |
Financiación empresarial | Inclusión financiera de 96,4 % | Microempresas sin crédito (15,3 % de acceso) | Impulsar datos abiertos financieros |
Ciencia, tecnología e innovación | Gobernanza y más de 1.250 proyectos con regalías desde 2012 | Capacidades que no se traducen en resultados | Conectar la investigación con el mercado |
Crecimiento verde | Arquitectura ambiental y capital natural | Licencias con 294 días promedio en la ANLA | Simplificar y armonizar el licenciamiento |
Productividad rural | Nuevas agencias (UPRA, ANT, ADR) y canasta diversificada | Más de 50 % del área rural con tenencia informal | Barridos prediales con catastro multipropósito |
Desarrollo empresarial | 157 iniciativas clúster y USD 857 millones en emprendimiento tecnológico | Microempresas con 16 % de la productividad de una grande | Agenda nacional de extensionismo empresarial |
Síntesis de los capítulos del INC 2026-2027. El informe agrupa los temas en cuatro bloques: condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de mercados y sofisticación e innovación. Fuente: Colombia Compite, INC 2026-2027. Elaboración: Colombia en Datos.
Dos rasgos se repiten a lo largo de la tabla. El primero es que muchas de las deudas son de ejecución y no de diseño: el sistema penal acusatorio, la mejora regulatoria, los Pines (vigentes desde 2013) o el gobierno digital existen, pero no funcionan con la escala o la coordinación que se esperaba. El segundo es que la informalidad y el tamaño de las empresas atraviesan casi todos los capítulos: limitan el crédito, el recaudo, la protección social y la productividad al mismo tiempo.
En materia tributaria, el informe ilustra una paradoja que vale la pena destacar. Colombia recauda poco (19,9 % del PIB frente a 34,1 % en la OCDE), pero las empresas formales pagan mucho: cerca del 80 % del recaudo del impuesto de renta proviene de personas jurídicas, cuando en la OCDE la carga está más repartida con las personas naturales.
¿Qué propone el informe como urgente?
Además de las prioridades por capítulo, el INC señala cuatro frentes que el nuevo Gobierno y el nuevo Congreso deberían atender de inmediato. Son, según el informe, las áreas donde se han erosionado pilares fundamentales de la competitividad.
Ajuste fiscal. El nivel de la deuda pública consume una parte importante del presupuesto y mantiene alto su costo. El INC propone recortar gastos improductivos, revisar el Sistema General de Participaciones y el sistema de protección social, y hacer una nueva reforma tributaria que recaude más y a la vez alivie la carga sobre la producción y la inversión.
Estabilización del sistema de salud. En 2025 las EPS registraron un patrimonio negativo de COP 15,3 billones y pasivos de COP 34,9 billones. El informe propone un saneamiento financiero inspirado en la crisis de 1998-1999, preservar el aseguramiento con participación privada y definir los límites del derecho a la salud.
Sector minero-energético. Reactivar los Pines, reglas claras para licencias y consultas previas, subastas eficaces y más exploración para garantizar la autosuficiencia.
Limpieza regulatoria. Simplificar trámites aduaneros, sanitarios, ambientales, inmobiliarios, educativos y laborales. Dentro de la iniciativa Colombia Progresa 2630, desarrollada con ANIF, Cerac, CREE, la Fundación para el Estado de Derecho y Así Vamos en Salud, a Colombia Compite le correspondió este frente, y ya entregó al Gobierno y al Congreso proyectos de ley y decretos concretos.
La edición incluye dos piezas que no estaban en informes anteriores. La primera es un capítulo sobre la reconstrucción de la zona suroccidental afectada por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que propone tres palancas: movilizar inversión pública y privada, una gerencia que piense integralmente el territorio y mecanismos de agilidad normativa que permitan hacer en meses lo que normalmente toma años. El informe plantea que reconstruir no basta, y que en casos como el Chocó la meta debería ser cambiar la dinámica de progreso del departamento.
La segunda es la separata "¿Que 20 años no es nada?", que se pregunta por qué las estructuras técnicas (bancos centrales, reglas fiscales, cortes, centros de pensamiento) han perdido influencia. El texto identifica cinco razones por las que reformas bien diseñadas dejan de conectar con la gente, entre ellas que concentran sus costos en grupos identificables mientras sus beneficios se reparten, y que comunican mejor sus beneficios que sus costos. Su propuesta para los técnicos es "enamorar en lugar de sermonear".
¿Qué sabemos, qué sugieren los datos y qué no podemos determinar?
Lo que sabemos: Colombia mejoró en salud, educación, servicios, ingreso y seguridad entre 2006 y hoy; su productividad laboral por hora es la más baja de la OCDE (USD 18,7 en 2024); la informalidad laboral fue de 55,1 % en 2025, y la mayoría de sus empresas son microempresas con una productividad muy inferior a la de las grandes. Estos datos provienen de fuentes oficiales y organismos internacionales citados por el informe.
Lo que sugieren los datos: que el crecimiento de las últimas dos décadas dependió de sumar trabajo y capital más que de usarlos mejor, y que el tamaño de las empresas, la informalidad, la regulación y el bajo acceso al crédito forman un mismo círculo que mantiene baja la productividad. Es una lectura coherente con la evidencia presentada, pero el informe no la somete a una prueba causal.
Lo que no podemos determinar: primero, la atribución de los avances a las "tres palancas" es una interpretación de la organización, no una estimación que separe su efecto del ciclo de materias primas, de los choques externos o de otras políticas. Segundo, la PTF se calcula como un residuo y es sensible a la metodología: el INC presenta una serie con datos del DANE y otra con The Conference Board, que no son directamente comparables. Tercero, algunas cifras varían dentro del propio documento: el índice de evacuación judicial aparece como 82 de cada 100 procesos en el capítulo de justicia y como 84 en el resumen ejecutivo, y el promedio de productividad de la OCDE figura como USD 64,2 en una gráfica y USD 67,0 en la tabla de perfil. Cuarto, varias cifras de licenciamiento provienen de una consultora privada (Consga) y no de la ANLA, y el dato del Invima proviene del comunicado de prensa. Por último, las recomendaciones son propuestas de un centro de pensamiento financiado por empresas: el informe no estima su costo fiscal ni su impacto esperado, y temas como la reforma tributaria, la pensional o el modelo de salud tienen visiones alternativas que el documento no desarrolla.
Por qué importa
La productividad es lo que, en el largo plazo, permite pagar mejores salarios sin generar inflación, financiar el Estado sin ahogar a quien produce y sostener la protección social de una población que envejece. El INC llega en un momento en que coinciden un nuevo Gobierno, un escenario fiscal estrecho, un sistema de salud con problemas financieros y la reconstrucción tras el terremoto de agosto. Todas esas agendas compiten por los mismos recursos, y todas serán más difíciles de financiar si la economía no logra producir más con lo que tiene. La pregunta que deja el informe no es si Colombia puede crecer, sino si puede hacerlo cuando ya no cuente con el impulso de una fuerza laboral en expansión.
Conclusiones
En veinte años, Colombia demostró que sabe construir instituciones, capacidades técnicas y alianzas con el sector privado, y esas capacidades se tradujeron en mejores condiciones de vida. Lo que no logró fue que su economía produjera más valor por cada hora de trabajo: la productividad total de los factores restó al crecimiento y el trabajador colombiano es hoy el menos productivo de la OCDE.
La explicación que ofrece el INC no apunta a una sola causa, sino a un círculo: una economía de microempresas informales que no acceden a crédito, enfrentan una regulación que trata igual el bajo y el alto riesgo, invierten poco en conocimiento y están poco conectadas con el mundo. Romperlo exige ejecutar mejor reformas que en muchos casos ya existen en el papel.
El cambio de nombre a Colombia Compite cierra un ciclo de dos décadas con una autocrítica explícita: los diagnósticos técnicos ya no bastan si no logran conectar con la ciudadanía. La evidencia del informe sugiere que la ventana para actuar se está cerrando con la transición demográfica, y que los próximos veinte años dependerán menos de cuánto trabaje el país y más de qué tan bien lo haga.
Fuentes: Colombia Compite (antes Consejo Privado de Competitividad), Informe Nacional de Competitividad 2026-2027 (informe completo, resumen ejecutivo y comunicado de prensa del 30 de septiembre de 2026), con datos de DANE (GEIH y Productividad Total de los Factores), OCDE, The Conference Board, Banco Mundial, UIT, DNP (Observatorio de Mejora Normativa), Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera, Consga (Monitor del Licenciamiento Ambiental), OCyT, OMPI, Instituto para la Economía y la Paz, Consejo Superior de la Judicatura, Minsalud, Minenergía y Mindefensa. Elaboración: Colombia en Datos.
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